Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las muertes ocurridas en procedimientos que involucran a funcionarios de seguridad cayeron un 20% en el último año. La cifra se dio a conocer en el informe que el instituto realiza todos los años sobre la situación de los Derechos Humanos en el país. Sin embargo, destacan que la mayoría de los hechos ocurren en casos en los que podría evitarse el uso de la fuerza.
Si se toma el período julio 2006-junio 2007, 116 personas murieron en procedimientos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. De ellos, 79 eran civiles y 37 policías, gendarmes, prefectos, militares u oficiales del servicio penitenciario. La provincia de Buenos Aires albergó la gran mayoría de las muertes de civiles: 88 en total. La Policía Federal aparece en el estudio como la fuerza más afectada, con 16 bajas, seguida de la Bonaerense, con 12 oficiales asesinados. Sin embargo, desde la PFA informan que el número de caídos llega a once víctimas.
En el 70% de los casos, los civiles mueren en enfrentamientos armados, según la versión oficial de los hechos. Muchos de estos acontecimientos fueron relatados como intentos de robo de automóviles o comercios por uno o dos ladrones, en los que luego intervino la fuerza. El CELS destaca que muy pocos de ellos se trataron de tiroteos con bandas de mayor cantidad de miembros. Los autores del estudio suponen que el uso de armas de fuego por funcionarios de seguridad ocurre cuando la relación de fuerza es dispar. Incluso, pone en duda que sean "enfrentamientos armados", ya que persiste la práctica de "plantar" armas para simular un tiroteo donde hubo un fusilamiento.
El CELS realiza su informe en base a recortes periodísticos, desde 1996. Junta información en la que haya algún funcionario de seguridad involucrado, ya sea policía, militar, gendarme o miembro del servicio penitenciario. Las muertes incluyen procedimientos de la institución, represión en protestas y acontecimientos que involucren a dichos funcionarios pero como civiles. La crisis de 2001 fue el momento cuando ocurrieron la mayor cantidad de decesos violentos: 178 civiles fallecieron en el último semestre de ese año, mientras que el pico en la estadística de funcionarios tuvo lugar en el primer semestre de 2002, con 59 víctimas.
En el 70% de los casos, los civiles mueren en enfrentamientos armados, según la versión oficial de los hechos. Muchos de estos acontecimientos fueron relatados como intentos de robo de automóviles o comercios por uno o dos ladrones, en los que luego intervino la fuerza. El CELS destaca que muy pocos de ellos se trataron de tiroteos con bandas de mayor cantidad de miembros. Los autores del estudio suponen que el uso de armas de fuego por funcionarios de seguridad ocurre cuando la relación de fuerza es dispar. Incluso, pone en duda que sean "enfrentamientos armados", ya que persiste la práctica de "plantar" armas para simular un tiroteo donde hubo un fusilamiento.
El CELS realiza su informe en base a recortes periodísticos, desde 1996. Junta información en la que haya algún funcionario de seguridad involucrado, ya sea policía, militar, gendarme o miembro del servicio penitenciario. Las muertes incluyen procedimientos de la institución, represión en protestas y acontecimientos que involucren a dichos funcionarios pero como civiles. La crisis de 2001 fue el momento cuando ocurrieron la mayor cantidad de decesos violentos: 178 civiles fallecieron en el último semestre de ese año, mientras que el pico en la estadística de funcionarios tuvo lugar en el primer semestre de 2002, con 59 víctimas.
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