San Isidro por dentro

El martes 21 de octubre, el ingeniero Ricardo Barrenechea estaba durmiendo en su casa de Acassuso, en el partido de San Isidro, cuando tres delincuentes ingresaron a la vivienda ubicada en Perú al 700, a escasos metros de la avenida Del Libertador, a las 6.30 de la mañana. Tras entregarles a los ladrones lo que le exigían, los delincuentes quisieron más y lo amenazaron con llevarse a una de sus tres hijas. Esto alteró al ingeniero – que ya había perdido a una niña por una enfermedad terminal- y lo hizo reaccionar de la peor manera: junto a su hijo Tomás de 17 años se abalanzaron contra los dos ladrones. Ricardo recibió cinco tiros que lo desplomaron en la escalera de su casa, donde falleció, delante de toda su familia. Tomás tuvo mejor suerte, recibió un balazo en el hombro y si bien al cierre de esta edición continuaba internado en el sanatorio La Trinidad, esta fuera de peligro. Eso sí, no pudo estar en el entierro de su padre en el cementerio Jardín de Paz, en Pilar.
El hecho se enmarca en una seguidilla de seis robos que se sucedieron en la mañana de ese martes en el partido del norte del conurbano bonaerense. Ante esa circunstancia, el intendente de San Isidro Gustavo Posee acusó que la retirada de la Gendarmería de la villa La Cava – ordenada por el ministro de Justicia Aníbal Fernández- es una de las causas fundamentales del aumento de la delincuencia en su partido. El último puesto de la fuerza de seguridad en la villa se estaba levantando el mismo día que acontecieron los crímenes.
Según fuentes del ministerio del Interior, la disputa por la presencia de la Gendarmería en La Cava tiene como trasfondo una fuerte interna entre el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Stornelli, y Fernández que no tienen buenas relaciones hace tiempo. Incluso, paradojas de la política, la secuencia se dio cuando el gobernador Daniel Scioli tenía planeado ir a Colombia a hablar sobre inseguridad. Finalmente habló sobre el tema pero frente a las cámaras de televisión y sin su ministro de Seguridad.
Lo cierto es que tras una serie de operativos fallidos en La Cava, los investigadores detuvieron a tres personas que serían integrantes de la banda en villa puerta de Hierro, en Ciudad Evita, partido de La Matanza, bastante lejos de San Isidro. Allí se secuestraron varias armas y municiones, entre ellas, una pistola semejante a la que se utilizó en el asesinato del ingeniero. Y los investigadores ya tienen identificados por identikit a dos personas, una menor, que serían los autores materiales del crimen. Uno de ellos ya había sido detenido en la zona norte por tres robos y podría ser uno de los protagonistas de la crónica “Pibes chorros”, que se publicó en la primera edición de este blog, hace un mes.
Lo malechores habrían ingresado a la casa de los Barrenechea con una tarjeta de plástico, forzando el pestillo de la puerta.
De esta manera, el barrio que tiene sus casas rodeadas de garitas, autos de agencias de seguridad privadas que circulan la zona constantemente y hasta viviendas con rejas electrificadas –aunque esten prohibidas por ley- entró en un estadio superior de psicosis. Por ese motivo, el Concejo Deliberante decretó el estado de emergencia y su intendente propuso una vez más bajar la edad de imputabilidad de los delincuentes a 14 años– hasta escribió una columna en el diario La Nación argumentando las razones- como si esa fuera la solución de todos los problemas. ¿Y si los delincuentes eran mayores, cuál habría sido la salida propuesta por el intendente y el gobernador de la provincia, que se sumó al pedido?
Lo cierto es que la Gendarmería volvió a La Cava, asilando a la villa de todo el barrio que lo rodea. La división social se profundiza por la falta de medidas políticas y sociales. Basta escuchar los reclamos de los vecinos san isidrenses que reclamaron “muerte por muerte” en la puerta de la municipalidad.
Un dato no menor es que con la Gendarmería en La Cava igual se producían muchos crímenes en el Partido. De hecho, hay una persona que vivía en La Cava desaparecida hace más de un año, que la justicia presume que fue asesinada pero nunca pudo establecer qué paso. Casualmente el caso avanzó mientras el Juzgado Criminal y Correccional Federal Número 4 de la capital federal tuvo el caso en su poder. Cuando llegó a San Isidro todo se estancó. En esa misma investigación se determinó que una cocina de drogas funcionaba en una esquina de la villa liderada por la familia Silva, en las narices de las fuerzas de seguridad.
Así está el barrio, convulsoinado. No es para menos, la muerte se pasea por sus calles.